La autorización otorgada por el Gobierno nacional para que Santa Fe acceda a un crédito internacional de USD$ 150 millones de dólares reactivó una discusión que va mucho más allá del endeudamiento provincial.

El financiamiento aprobado corresponde a un préstamo de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y será utilizado para el Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario. La iniciativa apunta a mejorar la red vial del cordón industrial del sur santafesino, una de las zonas productivas más importantes de Argentina y que concentra gran parte de las exportaciones agroindustriales del país.

Sin embargo, ese crédito no es el único proyecto de financiamiento externo impulsado por la provincia. También permanecen a la espera de autorización presidencial otros dos préstamos internacionales. Uno de ellos corresponde a la OPEP por USD$ 25 millones de dólares para obras de saneamiento y acueductos regionales. El segundo proviene de la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) por $50 millones de euros destinados a infraestructura sustentable, energías renovables y proyectos ambientales.

Si ambos acuerdos reciben la aprobación definitiva, el monto total comprometido para estas iniciativas rondaría los USD$230 millones de dólares. Todos los proyectos tienen un denominador común; están vinculados exclusivamente a la realización de obra pública.

La discusión política aparece cuando estos créditos se comparan con los recursos que recauda el Estado nacional a través del impuesto a los combustibles. Ese tributo fue creado originalmente para financiar obras de infraestructura vial y programas relacionados con el transporte.

Desde diciembre de 2023 la recaudación nacional proveniente del impuesto a los combustibles habría alcanzado aproximadamente los USD$ 5.500 millones de dólares. En ese mismo período, la porción atribuida a Santa Fe rondaría los USD$ 494 millones de dólares.

Mientras la provincia busca financiamiento externo para ejecutar obras, los recursos generados por el impuesto que históricamente estuvo asociado a la infraestructura continúan ingresando a las arcas nacionales. Más allá de las posiciones políticas, el debate revela una tensión estructural del federalismo argentino; quién recauda los recursos, quién decide su destino y quién termina financiando las obras que sostienen la actividad económica.

La autorización del crédito de la CAF resolvió una necesidad inmediata de financiamiento. Sin embargo, también dejó abierta una pregunta; si los recursos para infraestructura continúan recaudándose, ¿por qué las provincias deben recurrir cada vez más al endeudamiento para realizar obras estratégicas?