El gobierno de Javier Milei ha cambiado significativamente el manejo de las protestas piqueteras en Argentina, implementando un nuevo paradigma en el que las marchas ya no interrumpen el tránsito, lo que era una de sus promesas de campaña. Un protocolo antipiquetes, apoyado por la justicia, establece que las manifestaciones deben realizarse sin bloquear calles, limitándolas a veredas o plazas. Este enfoque, respaldado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ha debilitado el poder de las organizaciones sociales, que anteriormente controlaban la distribución de alimentos y la movilización de personas.
El gobierno también lanzó la Línea 134 para que los beneficiarios de planes sociales denuncien coacciones de los dirigentes sociales. Además, se revelaron irregularidades en la distribución de alimentos, lo que llevó a que Pettovello quitara la tercerización de estos recursos, canalizándolos directamente a través de la tarjeta Alimentar Comunidad, y desplazara a varios dirigentes de la UTEP involucrados en estas irregularidades.
Este contexto ha generado un fuerte cuestionamiento a los dirigentes sociales, quienes admiten que están desacreditados ante la sociedad y que sus bases están desencantadas. También se ha visto una reconfiguración en el movimiento piquetero, con nuevas formas de protesta y realineamientos políticos.
El gobierno de Milei ha sido contundente en su discurso contra las protestas piqueteras, destacando el trabajo de Bullrich y Pettovello en la implementación de estas políticas. Milei ha subrayado que se ha logrado cortar la “intermediación piquetera” y acabar con la corrupción en la distribución de alimentos, redirigiendo esos recursos para duplicar la asistencia a los necesitados.