La Cámara de Senadores de Santa Fe otorgó media sanción al proyecto impulsado por el senador Felipe Michlig para declarar a la provincia como un territorio libre de discriminación y discursos de odio. La iniciativa surgió a partir de un pedido de la Mesa de Diálogo Santafesino, integrada por referentes religiosos, académicos y organizaciones sociales, y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.
El proyecto incorpora una definición provincial de discurso de odio, modifica el Código de Convivencia mediante el artículo 62 bis y establece una multa equivalente a 60 unidades jus para quienes incurran en esas conductas. Como alternativa, la sanción podrá reemplazarse por un curso de abordaje interdisciplinario organizado por el Ministerio de Cultura. Además, prevé campañas de concientización con especial foco en las redes sociales.
La iniciativa abrió un debate que excede la lucha contra la discriminación. El principal interrogante gira en torno a quién definirá qué constituye un discurso de odio y cuáles serán los criterios para aplicar las sanciones. Al tratarse de un concepto que admite distintas interpretaciones, algunos sectores advierten que podría alcanzar expresiones políticas, críticas al poder o manifestaciones realizadas en redes sociales.
La discusión también incorpora un componente institucional. Si el Poder Ejecutivo cuenta con mayoría legislativa, existe la posibilidad de ampliar o modificar el alcance de la norma mediante futuras reformas sin necesidad de construir amplios consensos parlamentarios. Ese escenario volvió a instalar el debate sobre el equilibrio entre las mayorías políticas y los mecanismos de control previstos por el sistema republicano.
Otro de los puntos centrales es el papel que tendrá el Poder Judicial. La aplicación de la norma dependerá de jueces que deberán interpretar sus alcances respetando la Constitución Nacional y las garantías vinculadas a la libertad de expresión. Para numerosos especialistas, la independencia judicial será el principal límite frente a cualquier intento de utilizar la ley para restringir opiniones o sancionar voces críticas.
Aunque el proyecto no crea nuevos delitos penales —una facultad reservada exclusivamente al Congreso de la Nación— sí incorpora sanciones administrativas al Código Provincial de Convivencia. Por eso, el debate ya no se limita a combatir la discriminación, sino a encontrar un equilibrio entre la protección de las personas y el respeto pleno a la libertad de expresión, uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia.
