Actualmente, se está ejecutando la instalación de más de 50.000 medidores de agua en Santa Fe y Rosario, mientras avanzan las obras, hay vecinos que ya reclaman ilegalidades por parte de la empresa prestadora de agua y el gobierno provincial.

Históricamente en Santa Fe, cuando la empresa provincial de agua colocaba un medidor, por decisión propia o dentro de planes masivos de instalación, el usuario no pagaba el costo de la obra ni del medidor. Era el criterio vigente y estaba contemplado en el régimen tarifario que regulaba el servicio.

Pero, con la firma fue la de Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas y uno de los funcionarios más importantes de la gestión de Maximiliano Pullaro, se reglamentó una resolución que eliminó esa excepción.

La justificación oficial fue la equidad. Si algunos usuarios pagaban cuando solicitaban el medidor, todos debían pagar independientemente de quién impulsara la instalación.

Sin embargo, la decisión no fue tomada antes del inicio del programa. Tampoco cuando se anunció la colocación masiva de medidores. Llegó cuando la obra ya estaba en marcha y miles de vecinos ya habían aceptado la instalación bajo un régimen que históricamente no trasladaba ese costo cuando la iniciativa partía de la propia empresa.

El mismo Estado que promovió la colocación masiva de medidores fue el que posteriormente eliminó la excepción que impedía cobrarlos. El mismo Gobierno que impulsó el programa terminó aprobando una resolución para que el costo fuera absorbido por los usuarios.

En pocas palabras: El gobierno estafó a lo santafesinos, una vez más.