El influencer y activista digital Chano Rossi apareció encadenado frente a la Casa de Gobierno de Santa Fe con un reclamo que rápidamente dejó de ser una simple protesta individual. El pedido dirigido al gobernador Maximiliano Pullaro expuso uno de los conflictos más sensibles del presente santafesino: el costo de la energía eléctrica y la creciente desconfianza sobre cómo se compone realmente la factura de luz.

El documento presentado propone siete puntos para reformar el sistema energético provincial. Entre ellos, eliminar cargos e impuestos incorporados a la boleta eléctrica, terminar con la facturación bimestral, crear un organismo de control independiente, impulsar auditorías públicas y avanzar en una reforma institucional dentro de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

La protesta pone en discusión la utilización de la factura eléctrica como vehículo de financiamiento indirecto para distintos fondos, tasas y estructuras estatales. El problema es que, en medio de la crisis económica, esos cargos comenzaron a sentirse cada vez más pesados para trabajadores, jubilados, comerciantes y familias que ya enfrentan una fuerte pérdida de poder adquisitivo.

Mientras el Estado sostiene que los servicios públicos son esenciales, millones de usuarios sienten que el acceso a esos servicios se vuelve cada vez más difícil de sostener.

Otro punto sensible es el reclamo por mayor control ciudadano sobre la EPE. La falta de organismos independientes de fiscalización alimenta una percepción social de indefensión frente a errores de facturación, aumentos y reclamos burocráticos que rara vez encuentran soluciones rápidas.

La escena de un ciudadano encadenado frente a Casa Gris funciona además como síntoma de un cambio de época. Las redes sociales transformaron reclamos técnicos en fenómenos virales capaces de incomodar a cualquier gestión. Y cuando la discusión gira alrededor de servicios esenciales como la luz, el desgaste político puede crecer con rapidez.